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EL DIARIO DIGITAL DE LA CIUDAD

Otamendi: Impugnado, para del tribunal superior

Escrito por Patricia Alonso.

 

 

Desde Memoria Activa impugnamos la candidatura del abogado Santiago Otamendi  para cubrir el cargo de Juez del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consideramos que el candidato carece de la idoneidad moral que exige asumir el alto cargo para el que fue propuesto.Otamendi, como secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tuvo participación directa en la escandalosa maniobra que se llevó a cabo desde esa cartera para encubrir la responsabilidad penal de los ex fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados de desviar la investigación del atentado terrorista.

En concreto, Garavano, junto a Otamendi y otros funcionarios y asesores, condicionaron de manera ilegal la actuación de la Unidad Especial de Investigación AMIA, organismo ministerial que representó al Estado como querellante en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Si bien en la querella estatal trabajaban abogados que, tras el análisis de las pruebas, consideraban que existían numerosos elementos para que se condene a los ex fiscales de la causa AMIA, Otamendi, Garavano y otros lograron cambiar el pedido de penas de la querella el día anterior a la presentación de su alegato final, en un acto ilícito de encubrimiento.

La maniobra

Tres días antes de la lectura del alegato de la querella estatal, Otamendi le pidió de urgencia al entonces titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, el alegato que presentaría la querella. Dos días después, a horas de la presentación final y ante la oposición de los letrados de la Unidad y su titular, Otamendi apartó al abogado que leería el alegato y designó a otro, quien ni siquiera estaba habilitado para ejercer. Éste no leyó el texto preparado por la Unidad sino que presentó uno desprolijo, incoherente y a las claras hecho a último momento, en el que defendió sin argumentos la actuación de Mullen y Barbaccia en la investigación del atentado y pidió su absolución “por orden de mis mandantes”.

El alegato contradijo de manera burda la posición histórica de la querella estatal, la cual originalmente, por el consenso de su titular y quienes trabajaron en el caso, iba a pedir ocho años de prisión para los ex fiscales. El accionar de los funcionarios del Ministerio de Justicia no fue negligencia ni desidia (ya suficiente para fundar la impugnación) sino que Otamendi junto a Garavano y otros habrían buscado encubrir deliberadamente la responsabilidad penal de los imputados (condenados) Mullen y Barbaccia, con quienes mantendrían vínculos a través de, por ejemplo, la ONG Unidos por la Justicia y por haber trabajado en el pasado con alguno de ellos, algo que se vio claro cada vez que los asesores de Garavano concurrían a las audiencias del juicio oral y saludaban con abrazos a los ex fiscales.

Además de las denuncias públicas de los familiares de las víctimas, la maniobra fue especialmente cuestionada por legisladores de la coalición Cívica-ARI, quienes presentaron un pedido de juicio político contra Garavano; por el equipo de la Unidad AMIA, quienes presentaron un escrito en el expediente del juicio; y por el ex titular de la Unidad AMIA, quien denunció al ministro de Justicia. “Yo pedí que la querella del Estado acuse a todos. Pero Garavano no quería. ‘Mullen y Barbaccia son amigos, no se los puede acusar’”, dijo Cimadevilla en su momento.

El tribunal del juicio por el encubrimiento del atentado, sin embargo, condenó finalmente a estos personajes a dos años de prisión por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto pone en evidencia que Garavano, Otamendi y compañía carecían de buenos motivos para pedir la absolución de los acusados, como lo hicieron. Era obligación de la querella de la Unidad AMIA sostener la acusación de todos aquellos imputados respecto de quienes hubiera prueba suficiente de su culpabilidad.

En conclusión, Santiago Otamendi participó de un intento de obstaculizar la búsqueda de verdad y justicia en el caso AMIA, lo que representa una violación del deber del Estado de impulsar el juzgamiento y sanción a los responsables del atentado y su encubrimiento. Consideramos que un hecho de semejante gravedad institucional no puede obviarse al momento de analizar la pertinencia de la candidatura de Santiago Otamendi al Tribunal Superior de Justicia y, por lo tanto, impugnamos su candidatura.